El estado de Texas, bajo el liderazgo del gobernador republicano Greg Abbott, se posicionó en el centro de un debate sobre seguridad nacional y derechos de propiedad con la reciente aprobación de la ley SB17.
Esta normativa, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025, impone restricciones significativas a la adquisición y posesión de bienes raíces a algunos extranjeros, lo que marca un cambio radical en la política del Estado. La medida fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes de Texas, y responde a un informe de la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. que señalaba riesgos asociados con la influencia extranjera en sectores estratégicos.
El espíritu de la ley no busca prohibir a todos los extranjeros, sino específicamente a aquellos que, según el texto, representan una amenaza para la seguridad nacional. La norma apunta a individuos y entidades de países como China, Rusia, Irán y Corea del Norte, aunque el gobernador Abbott tiene la facultad de designar otras naciones.
El objetivo de la ley es frenar operaciones inmobiliarias que podrían estar ligadas a gobiernos adversarios o a organizaciones criminales transnacionales, pero no afectaría a quienes ya tienen un estatus legal sólido en Estados Unidos.
Por otro lado, no podrán adquirir ni mantener propiedades en Texas: gobiernos de los países designados; empresas con sede en esas naciones o controladas por sus gobiernos; organizaciones con mayoría accionaria perteneciente a ciudadanos de países vetados; individuos que residan en un país considerado de riesgo; personas que actúen como agentes de gobiernos extranjeros; miembros de partidos políticos en el poder en naciones hostiles; y ciudadanos de esas naciones que permanezcan en Estados Unidos sin estatus legal.
Una de las pocas salvedades importantes es que un extranjero con estatus de residente legal en EE.UU. sí podrá adquirir una vivienda para su residencia principal, pero no otro tipo de propiedad.
In my State of the State Address, I called on the Texas Legislature to protect Texas from infiltration by foreign adversaries.
Today, we deliver on that promise.
I signed three key laws that protect Texas against threats from hostile foreign actors. pic.twitter.com/yd3MCDT3KM
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 26, 2025
Una de las características más notables de la SB17 es la amplitud de lo que se considera «propiedad real«. La ley no se limita a prohibir la compra de viviendas residenciales. Su alcance abarca una vasta gama de bienes, incluyendo: terrenos agrícolas para cultivo o ganadería; mejoras en propiedades rurales; inmuebles comerciales e industriales; pozos de agua subterránea; minas y canteras; bosques; y derechos de agua.
Esta definición tan extensa significa que el veto puede aplicarse tanto a un pequeño lote urbano como a extensas propiedades de uso agrícola, industrial o forestal.
Para asegurar el cumplimiento de la norma, la ley SB17 otorga un papel crucial al fiscal general de Texas. Su oficina tendrá la capacidad de investigar y procesar las violaciones, abrir expedientes, llevar a juicio las propiedades adquiridas de forma irregular y solicitar a la justicia la designación de un síndico para administrar y vender los inmuebles involucrados.
Las sanciones para quienes infrinjan la ley son severas y se dividen en dos categorías principales. A nivel penal, un individuo que la incumpla enfrentará un cargo de delito grave, con posibles penas de cárcel.
Para las empresas, la multa civil será de 250 mil dólares o el 50% del valor de mercado de la propiedad adquirida, lo que sea mayor. Además, cualquier compra prohibida será objeto de una venta forzosa por orden judicial.
Los fondos recaudados se utilizarán primero para saldar deudas e hipotecas, luego para cubrir los costos judiciales, y el remanente será devuelto al comprador.
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